( Columna de opinión )
Por: Rodrigo Cuevas Ossandón, Profesor Asistente del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración de la Universidad Católica de Temuco. Doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Licenciado en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la alternativa de rechazo a la propuesta de Constitución se impuso con 61,9% de los votos frente al 38,1% de la opción apruebo, una contundencia que no deja espacio a dudas. La idea -que en enero se veía como segura- de que el proceso terminaría con el establecimiento de una nueva Constitución, comenzó a difuminarse a partir de abril, para finalmente derretirse bajo un soleado 4 de septiembre, fecha simbólica que conmemoraba la elección de 1973 previas al golpe de Estado.
Si bien el respaldo que obtuvo el rechazo no alcanzó la magnitud que recibió la alternativa apruebo en el anterior referéndum de octubre de 2020, la contundencia de la participación electoral, con 12.949.651 ciudadanos concurriendo a las urnas, -la más alta en la historia de Chile- hace que la comparación respecto a cuál de los dos triunfos fue más importante sea un ejercicio bastante fútil.
Tal como ocurrió tras el plebiscito de 2020, los análisis respecto al resultado electoral abundarán en los próximos meses. Sin embargo, hay elementos que sí es posible tener en consideración desde estas primeras horas. Así como leer los resultados de octubre 2020 como un triunfo de la izquierda fue un error, interpretar estos resultados como un cheque en blanco para la oposición al gobierno de Boric o quienes se atribuyen la representación del rechazo, como son los partidos de derecha y figuras vinculadas a las ex Concertación y Nueva Mayoría es una tentación que debiera evitarse.
Si bien se dieron declaraciones mesuradas de algunos líderes de la oposición, la vorágine que produce un triunfo electoral de las dimensiones que alcanzó el plebiscito inevitablemente nubla el juicio y, sobre todo, deja cierta resaca que en términos políticos se evidenciarán cuando las celebraciones y selfies de ocasión pasen a ser un recuerdo.
En paralelo, la lectura desde la derrota, de más compleja asimilación que un triunfo, debiera evitar explicaciones simplistas, como atribuir, por ejemplo, a la movilización de un votante tipo facho pobre o asignar una relevancia decisiva a la difusión de noticias falsas. Pues parte importante de los sectores populares, quienes les dieron un triunfo rotundo hace menos de un año al gobierno, son los mismo que, casi nueve meses después, le ocasionaron una derrota de singular dureza.
Ni la embriaguez de la victoria, ni la autoflagelación del fracaso dejan ver con claridad lo que llevó al triunfo de la opción por el rechazo. La apertura hacia una nueva Constitución fue el resultado del cúmulo de procesos que llevaron a octubre 2019, dentro de los cuales, uno de gran importancia fue el deterioro de las instituciones políticas del país.
Este hecho es de especial importancia, pues serán instituciones como el Congreso, el gobierno y los partidos políticos las que deberán, en las próximas semanas, definir la continuidad del proceso constituyente y, sobre todo, que esta nueva versión tenga un desenlace favorable. Pero si bien el rechazo a la nueva Constitución es atribuido al papel que desarrolló la Convención Constitucional, no hay que olvidar que la desconfianza en estas tres instituciones no solo es igual o mayor al que se tiene por la Convención, sino que es crónica.
Las instituciones que deben conducir a partir del plebiscito del 4 de septiembre el proceso constituyente, especialmente el Congreso y los partidos políticos, tenían hace menos de dos años un índice de aprobación menor al de la propia Constitución de 1980. No obstante, a diferencia del texto constitucional vigente, paradójicamente escrito por lo que hoy sería considerado como un comité de expertos (la denominada Comisión Ortúzar), no se plantea bajo ninguna circunstancia cuestionar que la facultad constituyente vuelva al Congreso, lo que legalmente está fuera de discusión. Esta es quizá la gran paradoja que deja el resultado del plebiscito de salida: que las instituciones que deben volver a encauzarlo están, en gran parte, más derrotadas que la propia carta fundamental vigente.
La contundencia del fracaso de la propuesta constitucional brinda una nueva oportunidad al gobierno, pero por sobre todo al Congreso y a los partidos políticos de retomar el protagonismo. Sin embargo, no hay que olvidar que estos actores son tanto o más débiles que la ahora vilipendiada ex Convención Constitucional. Pese a ello, la elección con mayor participación electoral de nuestra historia, nuevamente los puso a cargo de generar una carta fundamental, pero sin derecho a un nuevo fracaso histórico como el ocurrido el 4 de septiembre de 2022.
